El fondo y las prestaciones sociales del magisterio

Francisco Torres Montealegre

Secretario de Relaciones Internacionales de Fecode                            

Bogotá, agosto 5 de 2013

pachotorresm@gmail.com

Cel. 3107785972

Sin fondos, sin poder garantizar las mesadas pensionales con sus recursos, debiendo cesantías a miles de maestros, bajo la presión de otras tantas miles de demandas por la mora en pagar dichas prestaciones, con demandas de veinticinco mil docentes por no haberles liquidado todos las factores salariales para la pensión, colapsada la prestación de los servicios de salud, en suma, en una crisis terrible, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentra bajo la amenaza de desaparecer por obra de las decisiones del Gobierno de Santos que, para colmo de males, espera darle el golpe final con dos reformas que ya vienen cocinando, los proyectos de ley ordinaria de salud y de pensiones.

Creado por la ley 91 de 1989 el Fondo es un patrimonio de los maestros colombianos que, no obstante que no se le diera en aquellos tiempos cinco años de vida, lleva más de dos décadas de existencia garantizando el régimen especial de salud y pensional del magisterio, además de las cesantías. Pero el Fondo está sin fondos, sus reservas técnicas o portafolio que en 2008 ascendían a ochocientos mil millones de pesos se han visto reducidas a su mínima expresión, apenas quince mil millones de pesos. La razón, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales no han pagado lo que le deben. El último cálculo actuarial arrojó una deuda de 88 billones con el Fondo, la Nación con  56 billones y las entidades territoriales con 32 billones. Como la Nación se ha visto obligada a girar año tras año para las pensiones la deuda se reduce en una medida que un estudio actuarial que adelanta el Ministerio de Hacienda debe revelar en el mes de septiembre. Ese es el problema fundamental que afecta al fondo. Santos, en lugar de transferir lo que por ley le corresponde al Fondo del magisterio ha buscado soluciones “ingeniosas” como desviar más de seiscientos mil millones de pesos de la atención de la salud al pago de las pensiones, llegando al extremo que los maestros pensionados están pagando parte de sus propias mesadas. Con ello, por supuesto, no ha resuelto el problema pero sí ha llevado el servicio de salud a la debacle en que se encuentra, con lo que de un problema ha creado dos.

Otra consecuencia, no menor, es la negligencia, para usar un término benigno, en los pagos que debe hacer por concepto de cesantías y pensiones. El Gobierno, pese a que grita a voz en cuello que defiende el erario público, espera a que se amontonen las demandas cuyos fallos pueden arruinar por completo al Fondo. Quizás es lo que espera para justificar su desaparición.

La ley estatutaria de salud, monumental engaño contra el pueblo colombiano que deja intacta y refina lo peor de la ley 100, deja abierto el camino para que en la ley ordinaria se le dé el golpe final al régimen especial de salud. Y ante un gobierno tan malicioso hay que preguntarse si la tragedia del servicio de salud de los maestros y sus familias ha sido profundizada, además, con la segunda intención de que a la hora de la aprobación de la ley ordinaria los maestros no defiendan su régimen de salud.

El proyecto de reforma pensional que presentara el ministro Pardo de Trabajo a la comisión de concertación laboral y que comentamos en anterior artículo, destruiría de un tajo nuestros derechos pensionales, reduciéndonos a pensiones equivalentes a un salario mínimo. El Fondo desaparecería o se  convertiría en una sombra de sí mismo.

Los maestros colombianos que acabamos de realizar exitosa y masivamente la movilización del primero de agosto como preparación para el paro nacional levantamos como primera bandera de nuestra lucha la defensa del régimen especial de salud, cuya cierta y real existencia sólo es posible en el marco del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.