La problemática de Transmilenio por Aurelio Suárez

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Tablas Salariales para el Magisterio en el 2014

Tablas Salariales  para el Magisterio en el 2014

Decreto No.171 del 7 de febrero del 2014  

Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.

Decreto No.172 del 7 de febrero del 2014 

Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos  docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.

Decreto No.173 del 7 de febrero del 2014

Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes y administrativos de las Universidades Estatales u Oficiales.

Decreto No.174 del 7 de febrero del 2014

Por el cual se establece la remuneración de los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial.

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El magisterio sabe quién es Santos. ¡Ni un voto para su reelección!

María Antonieta Cano, Bogotá, enero 25 de 2014

El 2014 empezó con la reelección andando y la mermelada jugando. Vale la pena entonces que los maestros recordemos algunos apartes de la historia reciente del modelo educativo, pues no falta el santista, solapado o manifiesto, que pretenda engatusar a la gente para hacerle el juego al continuismo.
Si algún gremio de trabajadores conoce a ciencia cierta lo que representan las políticas de Juan Manuel Santos es el del magisterio. Maestros nuevos y antiguos sufrimos en carne propia las hazañas de Santos, no solo ahora como presidente sino también como ministro de todos los gobiernos neoliberales.
Recorte a las transferencias territoriales de 2001 y de 2007
Este es el origen del desastre actual y fue Santos, como ministro de Hacienda de Pastrana, el artífice del lesivo proyecto de Acto Legislativo 01 contra el que el magisterio salió a las calles. Todavía está en la memoria colectiva la afrenta de Santos, cuando se asomó ante la multitud agolpada en la Plaza de Bolívar y alzó la mano con la V de la victoria. El segundo recorte propinado a los entes territoriales en 2007, cuando Santos era ministro de Uribe, profundizó la ruina.
La Ley 715
Fue la consecuencia inmediata, ¡claro! Un recorte de 35 billones (millones de millones) de pesos en menos de diez años necesitaba una legislación que permitiera menos inversión. El propósito fue reducir el presupuesto para educación y lo lograron, con los gravísimos resultados que hoy se manifiestan en las pruebas PISA.
Esta ley, con los Decretos 1850 y 3020, aumentó la jornada laboral y la asignación académica de los profesores. Resultado, la supresión de más de 35 mil plazas en la nómina nacional por la sobrecarga laboral impuesta. El decreto 230 impuso la promoción automática, tan nociva para los estudiantes pero tan práctica para el gobierno, pues ya no tiene que invertir en repitentes. Se impuso la fusión de establecimientos educativos, el recorte de personal administrativo, la eliminación del currículo de varias áreas del aprendizaje como las artes y la educación física y se disminuyó el número de profesores por estudiantes con el subsecuente hacinamiento en las aulas.
Y, para rematar, a los nuevos maestros nos tenían reservado un régimen laboral distinto. Era obvio. Un recorte presupuestal, una ley neoliberal, debe tener un régimen laboral neoliberal, como lo fue el leonino Decreto 1278 de 2002. A los maestros no se nos puede olvidar que el 1278, el que nos quita la estabilidad laboral y con evaluaciones como la de competencias nos congela en la práctica el escalafón, fue producto del recorte a las transferencias engendrado por Santos.
Y si como ministro de Gaviria, de Pastrana y de los dos períodos de Uribe, Santos actuó en contravía de los intereses nacionales, como presidente de la República, ni se diga. Su política educativa es la fase superior de la contrarreforma. Remató el preescolar de tres grados, afianzó el currículo único que estandariza los contenidos y plantelizó los recursos de gratuidad y calidad, para privatizar todos los recursos que el gobierno central gira a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones. Aumentó en forma arbitraria la jornada laboral en los centros educativos y entregó facultades a los rectores para ejercer control policivo y asfixiante sobre las actividades del magisterio. Dio continuación al sistema de colegios por concesión, a los bancos de oferentes, a los convenios y becas estatales en colegios privados y a otras formas de privatización, es manifiesta su intención de acabar con nuestro régimen especial de salud y pensiones estrangulando financieramente el Fondo Prestacional del Magisterio. Y su ministra de educación María Fernanda Campo no pierde oportunidad para decir que el estatuto 1278 es patrimonio jurídico de la nación. ¡Habrase visto!
Que ahora el presidente no salga a decir que la actual crisis no tiene nada que ver con él. Está claro que ha sido forjador, continuador y ejecutor de todas y cada una de las medidas que atentan contra la educación colombiana. Desde Tribuna Magisterial estamos convencidos de que a los maestros no nos engatusan, porque sabemos el peligro que se cierne. Lo que necesitamos es librar las batallas para que no desaparezcan la educación pública y el gremio docente.
Santos, en el magisterio, no conseguirá ni un voto para su reelección.

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Negociación del salario mínimo: a la conveniencia de Santos y de las trasnacionales

Winston Petro Barrios, Fiscal Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, Bogotá, enero 27 de 2014

El decadente espectáculo de cada fin de año alrededor del incremento del salario mínimo, a cargo de la ostentosa Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, terminó mucho peor de lo esperado por los trabajadores. Y, pese a la ocurrencia de otros hechos trascendentes en la agonía de 2013, como la incalificable destitución de Gustavo Petro, el acuerdo entre el Gobierno, los patronos y las centrales CGT y CTC, por sus implicaciones económicas y políticas, desató encontrados juicios y opiniones. Lo dado, ratifica la cuesta abajo de los salarios, y debe permitir la reflexión sobre la distancia entre las direcciones sindicales y los condenados al ’mínimo’, la segmentación de los trabajadores de acuerdo con la creación de los regímenes de transición y el quiebre generacional. Los estragos ideológicos sufridos por las filas obreras, que han mermado la resistencia a la Apertura imperialista, a los TLC y a las políticas de los gobiernos, se revelan devastadoramente, mereciendo también un examen crítico sin vacilaciones.
Alrededor del incremento de la remuneración en 4,5%, para cerca de 1.273.000 trabajadores, debió promoverse la denuncia sobre el escandaloso descenso de los costos laborales y sus causas, y de acuerdo con ello, exigir una restitución importante del poder adquisitivo de los asalariados. Por lo menos, ese fue el papel atribuido por el Comité Ejecutivo de la CUT a sus delegados en la Comisión. Y, se quisiera o no, el movimiento sindical tenía que aclarar si en su seno se gestaba una réplica de la Unidad Nacional que respalda la pretensión reeleccionista de Juan Manuel Santos.
El primero en expresar su beneplácito por el avenimiento fue Santos –comprensiblemente, pues había atado otro cabo en su propósito reeleccionista–, aunque anotó que la dicha no era completa porque un sector de la CUT, obedeciendo a su firme oposición al Gobierno, no lo había firmado. Así, se creó la impresión de que la Central más importante del país, salvo algunos “radicales”, estaba a bordo de la tramoya configurada con la complicidad de la CTC y la CGT. Luis Alejandro Pedraza, entonces, apuró una declaración en la cual aclaró que la CUT, por definición democrática de su Comité Ejecutivo, no firmaba acuerdo alguno por debajo de lo definido en esa instancia y que lo transado en la Mesa "no alcanzaba siquiera para una bolsa de leche". La polémica pareció quedar en sus debidas proporciones, pues nadie ignora la naturaleza cada vez más distanciada de los intereses obreros de la CGT y de su proclividad al gobierno norteamericano (el embajador gringo es invitado especial a los congresos de esa organización, al lado del Presidente y del Vicepresidente de Colombia; muchos de sus dirigentes viajan a Washington a solicitar trámites expeditos para la aplicación de los TLC, no se cansan de alabar el acuerdo Obama-Santos, el contrato sindical cuenta con su promoción abierta o embozada, entre otras perlas).
Pero, como para no permitir que Santos se revalidara como el contumaz mentiroso que es, el 30 de diciembre apareció un pronunciamiento del autodenominado sector democrático de la CUT, firmado por cuatro de sus integrantes, exaltando el acuerdo y enumerando sus componentes: formalización laboral –la demagogia de siempre-, una confusa exoneración a los pensionados del pago de 8% en salud y una convocatoria de la Subcomisión del Sector Público para revisar los incrementos de los servidores del Estado. Es muy relevante destacar que quienes hacen parte de esta expresión sindical en la CUT, hace rato definieron su respaldo a la aspiración reeleccionista de Santos sin ningún tapujo y con mayor claridad que la CGT y CTC (1).
En ese lapso de festejos y navidad aparecieron las opiniones de los defensores del establecimiento, todos colmados de favores por el Ejecutivo, incluidos los gremios, prestando sus lomos al "triunfo" del Gobierno y celebrando con algazara la manipulada disminución del desempleo, el crecimiento económico de 4% (según la Cepal), por encima de la vecindad latinoamericana, sin echar de ver el crecimiento de la deuda externa a casi U$ 100.000 millones -que se incrementará por la mayor dependencia de la economía del crédito externo-, las tergiversaciones de las cuentas y el ininterrumpido decaimiento industrial. En altivo contraste con lo anterior, a las iras expresadas por los trabajadores y gentes del común, se sumaron las voces de Clara López, Jorge Robledo, Iván Cepeda, el semanario Voz, César Luque y diversos analistas y medios de talante democrático, todos tildando con vehemencia el aumento como ruin y ajustado a las ambiciones de los oligopolios y del reeleccionismo.
Recordemos –sin precisiones exhaustivas– que la fijación del salario mínimo fue el resultado de la admisión por parte del Estado colombiano de la normativa laboral adquirida por el proletariado europeo, con sus fuerzas y protestas desencadenadas contra las burguesías, en las postrimerías del siglo XIX. Como siempre, lo alcanzado por la resistencia de los trabajadores ante la explotación en los países de desarrollo capitalista se reconoció en nuestro medio con un retardo de varios decenios –otro de los tantos hechos que explica nuestro enorme atraso y demuestra la rapacidad de las clases opresoras que han controlado los destinos de la nación–. Luego de la creación de la Ley 6 de 1945, los criterios para imponer la paga mínima, por parte de los gobiernos, tuvieron modificaciones formales, hasta que bajo el embeleso suscitado por la Constitución y el ’Estado Social de Derecho’, y atendiendo las ingeniosas recomendaciones de la misiones asesoras norteamericanas, se crearon las Comisiones Permanentes, con las cuales los reclamantes se hacen aparecer como coautores de las tropelías contra sus representados, sin que algunas migajas y reconocimientos dejen de aparecerles.
Con la apertura económica, los trabajadores perdieron sus conquistas casi centenarias, sufriendo el hierro de la renovada dominación norteamericana. Con una fórmula inescrupulosa pero efectiva, se dividió a los afectados: la Ley 50 dispuso dos regímenes de cesantías, dejando el peso del desmonte a los que ingresaran a las lides productivas después del 1° de enero de 1991, sofrenando la indignación de los ya vinculados; la Ley 100 estableció regímenes de transición, con igual propósito; los maestros fueron clasificados también en dos opuestos estatutos laborales y con el 1278 emergió un nuevo magisterio sin garantías para el mejoramiento económico y su capacitación científica. En las pocas convenciones colectivas existentes se produjeron, por fuerza de las embestidas gubernamentales y de la debilidad sindical, modificaciones que diferenciaban a unos y otros sectores de beneficiarios. Todo esto impregnó la actitud de muchos sectores sindicales vinculados a las generaciones “protegidas” que, sin exponer su futuro económico, sucumbieron ideológicamente bajo la guía de los Garzones, y se aferraron a las tesis, –traídas de los contornos del FMI y de sus “tanques de pensamiento”–, de los planes alternativos, cuya médula es el abandono de la confrontación de las políticas imperialistas adversas a la nación y a los trabajadores. Lucho y Angelino, actuando como abiertos brigadistas antimotines del Gobierno, ahora hacen menos daño que el que le infligieron, casi irreparablemente, a la causa de los obreros; por supuesto, esta aseveración es discutible, porque no sabemos a cuántos males coadyuvarán en el futuro.
El mayor obstáculo que tienen los miles y miles de trabajadores que "viven para no morir", es el de la carencia de organización, pues tanto los del mínimo sueldo, como aquella masa que devenga menos de $ 204.000 mensuales –esta última, constitutiva de 32% de la fuerza laboral- no están representados por las Centrales Obreras (la tasa de sindicalización es de apenas 4%), y encarna el sector más desprotegido y numeroso del proletariado colombiano. Por eso, no se rompe una lanza por ellos en la víspera de las conversaciones, ni se asume la elemental tarea propagandística de “poner los gritos en los cielos” para convocar las solidaridades del pueblo, como tampoco se propone un período distinto al decembrino para su trámite.
Tal vez los encomiables y contundentes estudios, que precisan las desgracias que padecen los asalariados -en contraposición con las ganancias acumuladas por los oligopolios foráneos y nacionales-, a cargo de desvelados economistas amigos de los trabajadores, como César Giraldo y Aurelio Suárez, sea lo único que les depare alguna satisfacción a los esclavos del atraso en estas controversias, en la medida que apuntalan sus exigencias democráticas, pues el evento que cierra el año de angustias adquiere una confrontación protocolaria, sin una fuerza social movilizada que haga valer sus elementales reivindicaciones, para terminar con la renovación del desvalijamiento obrero.
La realidad económica en la que se encuentran los trabajadores es insoportable: el poder de compra ha caído en 50%; menos de dos salarios mínimos aforan a más de 75% de la masa laboral formalizada; la intermediación, incluidos los contratos sindicales, representa alrededor de 65% del espectro laboral reconocido por las estadísticas oficiales; a pesar de lo inexacta, la medición de la canasta familiar confirma la imposibilidad de la reposición de fuerzas para un trabajador con salario mínimo, en tanto que el denominado “círculo infernal” de las alzas postdecembrinas engulle de tajo el mísero incremento. La inflación, tasada en 1,94%, pone límites a las reclamaciones económicas y, basados en ella, los doctos analistas al servicio de las fuerzas retardatarias (lo mismo que hace 200 años), advierten que no podrán crearse empleos si las remuneraciones dejan de ser miserables, pero su mutismo es desconcertante frente a las ganancias de los todopoderosos.
La tendencia mundial señala la configuración de un polo de riqueza, menos numeroso, pero más rico cada vez, lo que en Colombia se revela con la comprobación de una élite casi mágica, integrada por 625 personajes que, según Portafolio, detentan la friolera de US$ 80.000 millones. La reforma tributaria les deparó a los empresarios y trasnacionales ventajas infinitas y exenciones billonarias, entre ellas, la anulación de los pagos parafiscales por concepto de los trabajadores de remuneración inferior a diez salarios mínimos, lo que les concede 13,5% de “ahorro” al establecer menos 2% para la financiación del Sena, menos 3% para el sostenimiento del Icbf y menos 8,5% para el régimen de salud (moñona contra los sectores populares). Esta no es la desigualdad, ni la inequidad invocada en el glosario de moda, es apenas la forma de la explotación imperialista que no morigerará en la medida en que las naciones sometidas sean capaces de soportarla y admitirla como un mal natural.
A la CUT le corresponde afanarse en la revisión del esfuerzo orientado a todos los sectores de trabajadores con la finalidad de configurar un ánimo de organización capaz de enfrentar la política de los gobiernos y de rescatar la tradición democrática, antimperialista y revolucionaria de la clase obrera. En la Colombia de hoy, retrotraída al esquema colonial minero-exportador y sometida al redoblamiento del sojuzgamiento foráneo, el listado de las movilizaciones de las clases y sectores sociales contra el enervante estado de cosas es casi infinito; su progresión será mayor, así haya quienes intenten rendirlas ante el gobierno. Los trabajadores incrementarán sus reclamaciones y se unirán en torno de una guía política correcta y de las organizaciones sindicales que interpreten sus intereses con empeño y claridad. Que Santos, el mejor agente de los gringos, no cuente con el respaldo sindical será una forma de vislumbrar un futuro menos aciago para Colombia y los oprimidos.
Notas:
(1) Editorial La Bagatela, noviembre 1 de 2013, Definiciones del congreso del Partido Liberal.

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La derrota del Banco de la República

Aurelio Suárez

La avalancha de dólares sobre Colombia en el último quinquenio responde a la decisión de poner al capital extranjero como variable principal del modelo de crecimiento. La cuenta de capital suma, desde 2008 hasta junio de 2013, cerca de 70.000 millones de dólares. En total, entre 2001 y 2012, la inversión foránea creció 522%.

La fórmula oficial para contrarrestar los efectos dañinos de este alud, en especial sobre el agro y la industria, fue la “intervención” del Banco de la República en el mercado cambiario, comprando dólares. Se suponía suficiente para mantener una tasa de cambio competitiva y para lograrlo, entre 2010 y septiembre de 2013, se compraron 17.691 millones de dólares. En esa operación, el banco ha tenido pérdidas acumuladas en los últimos tres años, y hasta el pasado mes de agosto, por más de $ 2,5 billones, y ha sido “ineficiente”, en tanto la tasa de cambio sigue revaluada. En 2010, el promedio anual fue $ 1.897 y, por ahora, en 2013, es de $ 1.880.

Podría decirse que si Banrepública no traslada, como era usual, sus utilidades al Gobierno central y, antes bien, causa menoscabo a las finanzas públicas, se valida tal intervención en aras de las metas propuestas; que es explicable la pérdida por la diferencia en el cambio y que las reservas internacionales, entre 2008 y el primer semestre de 2013, pasaron de 22.130 millones de dólares a 40.817 millones, casi el doble. El análisis se complica cuando se nota que los pasivos del banco, entre diciembre de 2010 y agosto de 2013, crecieron más del 46%, al pasar de $ 54,8 billones a $ 79,35, más de $ 25 billones en 32 meses.

¿Cómo explicar tan insólita elevación de obligaciones? De un lado, la base monetaria ha crecido cerca del 10 %, lo cual justifica una porción, pero del otro se detecta el incremento de los llamados TES de control monetario. ¿En qué consisten? En que a un agente que trae dólares, para no darle efectivo por los efectos inflacionarios que podría implicar, se le cambia por unos “depósitos remunerados” (como se clasifican en el balance) por los que recibe el 5% de interés. Es decir, quien trae los dólares puede tener como propósito previo prestárselos al banco, un negocio que sale redondo.

Y no son solo las divisas para el sector minero-energético, ni las remesas que envían los colombianos desde el exterior a sus hogares. Los afluentes incluyen capitales especulativos de corto plazo, inversiones de portafolio y préstamos comerciales, traídos a bajas tasas de interés y prestados en el interior a tarifas hasta de más del 25%. Sumados rebasan, desde 2010 hasta septiembre de 2013, los 15.000 millones de dólares.

Tampoco puede descartarse el lavado de activos, y peor aún si –tal como lo fijó la pasada reforma tributaria– el impuesto a los intereses ganados por los capitales venidos desde afuera e invertidos en TES bajó del 33 al 14%, algo no corregido con el decreto de “paraísos fiscales” en casos como Panamá, Delaware, Luxemburgo y Curazao, entre otros.

Este ‘con el pecado y sin el género’ es un ejemplo clásico de privatización de ganancias y socialización de pérdidas. Al final, los exportadores en términos reales poco o nada han conseguido, y el gran ganador es el sector que acarrea dólares, el cual arrodilló al Banco de la República.

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El libre comercio no es una equivocación

Por: Jorge Enrique Robledo

Alguien se equivoca cuando mueve una mano y sin proponérselo le echa un vaso de agua encima a otro. Pero no es una equivocación tomar el mismo vaso y tirárselo en la cara al que está al lado. En este sentido, el libre comercio no constituye una equivocación; es una conspiración, que es bien distinto, de los países poderosos contra los débiles como Colombia, para reducirles a poco o a nada su producción industrial y agropecuaria, reemplazarles el trabajo nacional por el extranjero, especializarlos en minería y convertir en propiedad de las trasnacionales los negocios que sobrevivan. Estados Unidos y las demás potencias, que "chupaban el néctar con ciertas consideraciones", decidieron venir por la lana, por el telar y por la que teje.

En El Tiempo del 27 de febrero de 1990, el exministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama explicó que la llamada apertura de la economía -que arrancó con César Gaviria- la impuso el Banco Mundial, que le exigió al gobierno, si "quería obtener nuevos préstamos (…) comprometerse a liberar sus importaciones". Por esos días, Lester Thurow, decano en MIT, explicó que la causa de la globalización neoliberal era el "exceso de capacidad de producción" de las potencias y agregó: "El mundo sencillamente puede producir más que lo que necesitan comer los que tienen dinero para pagar. Ningún gobierno firmará un acuerdo que obligue a un elevado número de sus agricultores y a una gran extensión de sus tierras a retirarse de la agricultura". Es obvio que no tenía en mente a los gobiernos de Colombia de los últimos 23 años.

Para confirmar las muchas advertencias sobre la hecatombe que el libre comercio le provocaría a Colombia, sirvieron los desastres productivos. Ya a mediados de la década de 1990, Carlos Arturo Ángel, presidente de la Andi, denunció la desindustrialización del país, la misma que nunca vio Luis Carlos Villegas, quien recibió como premio a su ceguera la embajada en Washington. Y en los primeros años de la apertura, las importaciones acabaron con 800 mil hectáreas de cultivos transitorios (trigo, cebada, algodón, maíz, soya, sorgo, etc.), desastre que no fue mayor porque se mantuvo la protección arancelaria a los otros productos (arroz, oleaginosas, azúcar, lácteos, cárnicos, papa, hortalizas, frutas), protección que con funestas consecuencias ha disminuido y desaparecerá con los TLC, como también ha ocurrido con la de la industria instalada en Colombia.

Por si faltaran razones para entender lo que pasa, Barack Obama, refiriéndose al aumento de las compras de los países de América Latina, dijo: "¿De qué país vendrán esos bienes y servicios? Este presidente les asegura que esos productos serán fabricados en Estados Unidos", promesa que ha respaldado con la astucia de la devaluación del dólar -que revalúa las otras monedas y mejora aún más la competitividad estadounidense- y el aumento de los subsidios agrícolas (farm bill) de 50 mil a 95 mil millones de dólares anuales, cifra semejante a la que destina con el mismo propósito la Unión Europea, que también exige su parte del botín. Y no sobra saber que los subsidios y demás ventajas industriales de las potencias -incluida Corea- son mayores que los del agro.

Por las anteriores razones, y otras muchas que incluso reposan en libros enteros, el Polo Democrático Alternativo decidió quedarse solo y ser el único partido en votar no los TLC en el Congreso, verdad que ahora intentan ocultar preocupados porque cada vez más colombianos -como lo ilustra el reclamo democrático de campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios- exige que Colombia se libere de las garras del libre comercio.

Para comprender mejor el debate que se adelanta en las carreteras y en cada rincón de Colombia, lo primero es saber que los TLC no están grabados en piedra, es decir, que pueden renegociarse por acuerdo entre los países signatarios o terminarse si uno de ellos, unilateralmente, lo da por concluido. Y lo segundo es entender, como estímulo clave para la controversia democrática que se adelanta, que los colombianos no tienen futuro próspero en un ambiente de libre comercio, así Santos y sus conmilitones, tan diestros en el arte de impostar, afirmen lo contrario y falazmente ofrezcan resolver una crisis tan profunda con paños de agua tibia, astucia calculada para que continúen las fabulosas ganancias de los extranjeros y del grupito de criollos a los que les va de maravillas, mientras se destruye el agro y la industria y el país avanza, de manera inevitable, hacia un colapso.

Fecha de publicación: 

Lunes, Septiembre 2, 2013

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Las luchas agropecuarias desnudan los TLC

Elías Fonseca Cortina, Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, Bogotá, septiembre 1 de 2013

El pasado 19 de agosto se dio comienzo en el país al paro nacional agropecuario por parte de los productores del campo, luego de agotar todas las instancias de peticiones y reclamaciones habidas y por haber. Como antecedente se tiene el anterior paro cafetero que terminó con un acuerdo mediante el cual se le otorgó un subsidio en dinero por cada carga de café para compensar la producción a pérdida a que están sometidos los cafeteros, además de comprometerse el gobierno a rebajar los insumos agropecuarios, fertilizantes, fungicidas y herbicidas. Así mismo el acuerdo estableció la revisión de las deudas por créditos que tienen a punto de hacer perder sus propiedades debido a la crisis del sector.
El incumplimiento parcial de los anteriores acuerdos, así como las peticiones de nuevos sectores productivos como los paperos, cebolleros, arroceros, cacaoteros, y lecheros en Boyacá, Nariño, Cundinamarca, Huila, Cauca, eje cafetero y otros lugares del país que están en igual o peores condiciones que los cafeteros; y las reclamaciones de los camioneros con respecto al alto costo de los precios de los combustibles y peajes, además de los bajos precios de los fletes de carga, produjeron el más grande movimiento de reclamos de los productores agropecuarios que se tenga noticia en el país. El movimiento liderado por las organizaciones de dignidad agropecuaria ha demostrado hasta la saciedad la justeza de las razones que les asiste para exigir del gobierno de Juan Manuel Santos que se atienda favorablemente sus demandas.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar, 16.000 unidades de la policía fueron desplegados por todo el país para doblegar a punta de gases lacrimógenos y bolillo físico las luchas de resistencia civilizadas de humildes campesinos y labriegos, la ciudadanía ha visto a través de los medios las salvajes golpizas a que han sido sometidos los miles de gentes laboriosas, cuyos rostros en las pantallas de los televisores muestran a hombres y mujeres de trabajo, recios y serios, pero decididos a jugarse el futuro de sus familias amenazados por la situación a que lo ha empujado las políticas de los gobiernos de la apertura, del libre comercio y de los tratados de libre comercio. La persistencia y lo masivo de las protestas ha logrado doblegar la obcecada posición inicial del gobierno y ya en Tunja se ha instalado una mesa de negociación con los representantes de los productores que esperamos le de solución a las justas y razonables peticiones presentadas. Los acuerdos parciales incluyen el levantamiento temporal de los bloqueos pero continua el paro agrario.
Todos a una señalan al presidente Santos como uno de los principales responsables del desastre agropecuario nacional, los colombianos saben que Juan Manuel santos fue ministro de comercio exterior del gobierno de César Gaviria Trujillo, fue también ministro de Hacienda de Andrés pastrana, igualmente fue ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe y para rematar el asunto hoy es el Presidente de la República. Por tanto Santos debe responder y solucionar las peticiones de los labriegos, abrir mesas de negociación de los pliegos de todos los sectores agropecuarios en conflicto.
Las soluciones que se necesitan para que el campo colombiano vuelva a florecer no son los paños de agua tibia propuestos hasta ahora. Poco a poco se ha develado que el principal obstáculo para nuestro desarrollo agropecuario nacional son los tratados de libre comercio. La exigencia de la revisión de cada uno de ellos y la no firma de más tratados es una necesidad inaplazable, es una situación que desde hace mucho tiempo advirtieron sectores de la oposición como el Polo Democrático Alternativo, en especial el senador Jorge Enrique Robledo, quienes se quedaron solos con esta posición en el Congreso de la República y fue el único partido que voto por el no a los TLC.
Al día de hoy no hay acuerdo; el paro continua y ha recibido el respaldo decidido, entusiasta y solidario de la inmensa mayoría de la población colombiana, la simpatía desbordante se ha manifestado en las movilizaciones realizadas el martes 20 y el jueves 29 de agosto en todo el país, como hacía muchos años no se hacía, la plaza de Bolívar de Bogotá se llenó en varias ocasiones antes de que fuese desalojada violentamente con gases y garrotes, más de 100.000 manifestantes que civilizada y pacíficamente apoyaban a los productores agropecuarios. Igual sucedió en muchas ciudades del país, desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, hacemos un llamado a toda la población para que estemos prestos a solidarizarnos con nuestros compatriotas, que participemos en las nuevas jornadas de respaldo que estaremos realizando en esta semana; para el miércoles 4 de septiembre estaremos impulsando un cacerolazo nacional durante todo el día y el jueves 12 de septiembre haremos una gran jornada nacional de protesta y movilización en todas las capitales del país exigiendo al gobierno de Santos la solución a las peticiones planteadas por todos los sectores en conflicto, los productores agropecuarios, los mineros, los transportadores de carga, los estudiantes universitarios , los trabajadores de la salud, las madres comunitarias, los educadores colombianos, los trabajadores de la Drummond.

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De Boyacá en los campos

Por: Aurelio Suárez Montoya | @AurelioSuarez | Agosto 28, 2013

Manifestantes protestan con sus ruanas en las prinsipales carreteras del país. Foto: El Espectador.com

La frase más sonada en estos días de marchas, bloqueos, heridos, detenidos, forcejeos, físicos y verbales, fue: “Importar alimentos, es traición a la patria”, pronunciada por el obispo de Tunja, Luis Augusto Castro. Los neoliberales -que se escandalizan con ella- seguramente desconocen otra similar de George Bush (padre), quien dijera: “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar su población? Sería una nación expuesta a presiones internaciones. Sería una nación vulnerable…”.

Lo que el libre comercio y la apertura produjeron en Colombia en 20 años en la seguridad alimentaria nacional ha sido  un aumento descomunal de dicha vulnerabilidad. En 1989,  el agro colombiano suministraba el 90% de los bienes agropecuarios demandados por industrias y hogares, en 2006 ya se importaban cerca de 5 millones de toneladas. Con relación al consumo nacional, equivalían al 95% del trigo, al 100% de la cebada; al 75% del  maíz; al 90% de la soya; al 90% del sorgo; al 33% del fríjol y al 100% de  la lenteja, del garbanzo y  de la arveja seca. El área algodonera sembrada se redujo de más de 200 mil hectáreas a menos de 30 mil. Para los últimos años, el número de toneladas importadas de productos del ámbito agropecuario se ha duplicado, rodeando los 10 millones, y para 2013, con el TLC con Estados Unidos, puede superarlo, al  crecer en el 81% las provenientes de ese país, tan sólo para el primer semestre.  

Ante tal avalancha, estimulados por promesas oficiales, muchos agricultores, pequeños, medianos y grandes, se refugiaron en géneros presentados como “promisorios” en la globalización agrícola. Las principales guaridas fueron el café, la panela y el cacao, fomentados en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la leche, la palma de aceite, las hortalizas, las frutas  y la papa. Unos bienes tropicales y otros de más  difícil transacción.   

¿Cuál es la novedad? Que las importaciones de tales productos también comenzaron a dispararse. En café, en los últimos años, sin contar contrabando, han oscilado ente 500 mil y un millón de sacos; en cacao, alcanzan cerca del 10% de la producción nacional y un porcentaje algo mayor en aceites de palma, lo  que contribuye a que las compras externas totales de aceites y grasas de origen vegetal y animal ya sumen más de 600 millones de dólares; las de lácteos y huevos, entre 2011 y 2012, crecieron 144% (¡¡), de casi 50 millones de dólares a cerca de 120. Las de azúcar, sin contar, el ingreso de sustitutos como el jarabe de maíz, pasan de 300 mil toneladas, aproximadamente el 15% de la producción nacional, impactando toda la cadena del dulce, incluida la panela. Con relación a la papa,  hay una avalancha de producto procesado; entre 2010 y 2012, se ha duplicado hasta 20 mil toneladas, equivalentes a más de 200 mil de papa fresca, perdiéndose el mercado industrial con la competencia foránea.

Es un proceso que a campesinos, productores y empresarios rurales los ha acorralado a punta de importaciones y ya no queda renglón posible ni acceso fácil  a recursos financieros para sostenerse. Esta es, además del alza exponencial de los costos de producción principalmente por insumos, fertilizantes y semillas, combustibles y energía, la explicación del estallido generalizado que en varias regiones que causó  movilizaciones ciudadanas multitudinarias.

Qué iba a imaginarse Núñez que la quinta estrofa del himno de Colombia iba a plasmarse -130 años después- en contemporáneos “soldados sin coraza”,  quienes, independientemente de los resultados de las negociaciones, “ganaron la victoria”. Sólo que – por ahora- “el genio de la gloria” tendrá que coronar a los “héroes invictos” con espigas extranjeras, las autóctonas desaparecieron de los campos de Boyacá. 

    
     
     

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Ante agravamiento de paro agrario, Polo solicita a Santos canal de interlocución eficaz del gobierno con sectores reclamantes

“La situación del paro agrario tiende a agravarse y agudizarse sin que se haya establecido un canal eficaz de interlocución por parte de su Gobierno que posibilite el diálogo y el consenso con los sectores reclamantes para lograr una solución en el corto plazo”, expresan en carta dirigida al primer mandatario Juan Manuel Santos, la presidenta del Polo Democrático Alternativo Clara López Obregón y el secretario general de este partido, Gustavo Triana Suárez. 

Agregan en su misiva los dirigentes del Polo que “en las manifestaciones en las que vienen participando más de 200 mil personas ha primado el comportamiento civilista y organizado”, y por lo tanto, “no se puede descalificar ni estigmatizar sus manifestaciones por los reprobables desmanes de algunos o por el desbordamiento provocado por la agresividad y excesos de la fuerza pública, a lo que contribuyen las declaraciones temerarias y de descalificación desde la orilla del Gobierno”.

Los dirigentes políticos le expresaron al presidente Santos la preocupación y el descontento del Polo Democrático por el manejo que le ha dado su gobierno a las protestas de los sectores productivos afectados por la política económica oficial.

El texto de la carta es el siguiente:

Bogotá, D.C., 23 de agosto de 2013.

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Casa de Nariño.

Señor Presidente:

Con nuestro cordial saludo nos dirigimos a usted porque la situación del paro agrario tiende a agravarse y agudizarse sin que se haya establecido un canal eficaz de interlocución por parte de su Gobierno que posibilite el diálogo y el consenso con los sectores reclamantes para lograr una solución en el corto plazo.

Desde el Polo Democrático Alternativo le manifestamos nuestro  descontento por el manejo dado a las protestas del sector agropecuario, los transportadores de carga y los pequeños y medianos mineros. En primer lugar son reclamaciones muy bien fundamentadas de gentes honradas, trabajadoras y aportantes de primera línea al desarrollo del país. En segundo término, en las manifestaciones en las que vienen participando más de 200 mil personas ha primado el comportamiento civilista y organizado, no se puede descalificar ni estigmatizar sus manifestaciones por los reprobables desmanes de algunos o por el desbordamiento provocado por la agresividad y excesos de la fuerza pública, a lo que contribuyen las declaraciones temerarias y de descalificación desde la orilla del Gobierno.

Nos parece que lo más sensato es atender de manera comedida y con soluciones concretas, una problemática evidente y reconocida por toda la opinión nacional e incluso por instancias del gobierno central y de los gobiernos locales. Hay una situación de quiebra generalizada e inviabilidad económica de las actividades de estos productores y trabajadores que el gobierno está obligado a ayudar a superar y ese es nuestro pedido, dialogo y soluciones.

Es un clamor de los demócratas que estos asuntos se resuelvan con protestas organizadas y pacíficas y que el gobierno responda con soluciones efectivas a tan gravosa situación de estos laboriosos compatriotas. 

Con sentimientos de alta consideración, nos suscribimos de usted.

Respetuosamente,

CLARA LÓPEZ OBREGÓN

Presidenta Polo Democrático Alternativo.

GUSTAVO TRIANA SUÁREZ

Secretario General

23 de agosto de 2013.

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La CUT, la CTC y la CGT respaldan el paro nacional agropecuario

Con éxito se realizó en Bogotá la jornada nacional de movilización en respaldo al paro nacional agropecuario, minero, camionero y de la salud; la convocatoria realizada por las centrales obreras, los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas, se cumplió a nivel nacional de manera positiva.

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El país en crisis no aguanta reelección

Alvaro Morales, Santa Marta, agosto 11 de 2013

Para conmemorar los 194 años de la batalla de Boyacá, al terminar tres años de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos Santos dio un discurso beligerante en el que se despachó contra la oposición y volvió a insistir en que el país debe reelegir sus políticas, echándonos de nuevo el cuento de que su gobierno ha sido el mejor de todos los tiempos. Sufre el presidente de los colombianos una especie de esquizofrenia político-social que lo lleva a hablar de un país diferente al que nos toca vivir a diario. Los ríos de leche y miel que según Santos estamos atravesando bajo su gobierno, sólo existen en su imaginación, soportada por unas cifras que se acomodan para falsear la realidad. Aurelio Suárez, que siempre nos trae un análisis juicioso y documentado de la situación nacional, escribió esta semana en su página www.aureliosuarez.com la columna "Ficción y realidad, tres años después" que revela datos como éstos: "El 4,9% de crecimiento promedio del PIB, entre 2010 y 2012, se logró con el aporte de la minería en 10,6% y el del sector financiero en 5% y, a contramano del insuficiente 1,6% del sector agropecuario y del 3% de la industria. (...) El “milagro” de la inversión extranjera, que entre 2009 y 2012 sumó cerca de 58 mil millones de dólares, en igual periodo reporta remesas de utilidades por rentas de 52 mil. “El dinero va a donde puede salir” "(...) recordemos que Colombia -en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano (IDH)- cayó en los últimos tres años del puesto 79 al 91, va más lento que otros. Las cifras oficiales son para la galería y las realidades para las mayorías. No es difícil saber dónde está la ficción."
El país sigue caminando entonces hacia un despeñadero. Mientras el gobierno continúa firmando y aprobando TLCs a tutiplén, proyectando leyes para absolver a quienes especulan con la tierra a favor de los inversionistas extranjeros, haciendo la vista gorda frente a los atropellos ambientales de grandes multinacionales como la Drummond y entregando en concesión medio país, la producción nacional, agropecuaria e industrial continúa imparable su caída libre. Como consecuencia de su política económica, Santos ha logrado algo que ninguno de sus antecesores, con todo y sus genuflexiones ante los mandatos económicos del imperio, había conseguido: que los productores nacionales se levanten a protestar, que hoy salgan a la palestra los cafeteros grandes, pequeños y medianos con los aparceros del campo; los industriales de autopartes y los fabricantes de calzado con los sindicatos y los trabajadores de las multinacionales mineras y petroleras; los médicos y académicos de la salud con los pacientes y los trabajadores de los hospitales; los magistrados de las altas cortes con los trabajadores de los juzgados; y que todos coincidan con los reclamos de los maestros y los estudiantes, las demandas de los usuarios de los servicios públicos, las denuncias de los ambientalistas, la conjunción, en fin, de la más amplia gama de sectores que se haya producido en los últimos tiempos contra las actuaciones de un gobierno.
Todos los anuncios que se han venido conociendo en los últimos días de sectores que están dispuestos a movilizarse los próximos 19 y 20 de agosto para exigirle al gobierno soluciones a sus problemas, son una sintomática muestra del fracaso total de las políticas gubernamentales en materia económica y social, que contradice, en los hechos, las alegres afirmaciones oficiales sobre el supuesto buen momento que, según Santos, estamos atravesando, y que lo ha llevado, en el pasado reciente, a formular propuestas tan estrambóticas como la de pedir que Colombia haga parte de la OCDE, el exclusivo club de los países ricos (Santos iría a este club a servir los tintos, como afirmaron en tono de burla Tola y Maruja).
Para rematar, el panorama político está que arde: consecuentemente con la crítica situación económica por la que atraviesa el país, un porcentaje cada vez mayor de colombianos rechaza la reelección santista, según revelan las más recientes encuestas. A contrario sensu, los críticos del gobierno cosechan simpatías, en el caso del uribismo, más por estar encarnando las posturas de los más recalcitrantes opositores al proceso de paz, que por tener contradicciones de fondo en torno a las políticas económico-sociales que, al fin y al cabo, tuvieron el mismo origen y el mismo tratamiento en las administraciones uribistas que en el presente cuatrienio. No se debe olvidar que Santos fue escudero principal de Uribe y su presidencia se la debe en gran medida al apoyo del ideólogo de la "seguridad democrática", así el alumno haya decidido partir cobijas con el profesor para congraciarse con la galería y para ejecutar, suelto de madrina, en la mejor forma posible, las orientaciones provenientes de la Casa Blanca.
Y mientras en las toldas de la Unidad Nacional se producen realinderamientos relacionados con el apoyo a la reelección de Santos o el deslizamiento hacia la disidencia uribista, otros sectores políticos van tomando posiciones también relacionadas con las propuestas reeleccionistas: el Partido Verde, el de la efímera Ola que los medios inflaron para tratar de ahogar a la verdadera oposición, reafirma en boca de sus principales voceros su vocación lenteja, descubierta por reveladores mensajes de uno de sus dirigentes que contó de qué tamaño era y a quiénes beneficiaba la porción de mermelada que el gobierno les asigna en recompensa por su fidelidad. Y para no quedar en el aire, fracasados sus intentos de crear uniones temporales y amañadas consultas para detener el avance del Polo, los progresistas coquetean con los verdes para llegar a acuerdos que les permitan sobrevivir políticamente sobre la base de confluir, todos a una, en el carro de la reelección.
Pero la oposición real, la del Polo Democrático Alternativo, la que está ahí, presente en todos los reclamos justos de las masas de diversos sectores sociales, muestra su arraigo cada vez mayor entre las gentes: la candidata presidencial Clara López sube en las preferencias de los encuestados, el senador Robledo como cabeza de lista al Senado por el PDA cosecha cada vez más seguidores pese a los aleves ataques del gobierno, o quizás por causa de los mismos. Con una clara postura de total oposición a Santos y a su reelección, el Polo plantea una propuesta de amplia convergencia democrática para el cambio, en la que caben todos aquellos sectores que se hayan decidido a enfrentar de una vez por todas el modelo neoliberal y proimperialista que está acabando con la Nación; en esa dirección, el partido de la oposición está confeccionando una lista al Senado que, encabezada por Jorge Robledo, va a recoger no solamente a los actuales parlamentarios consecuentes del Polo y a destacados dirigentes sociales del partido sino a una pléyade de dirigentes provenientes de diversos sectores que ven en el Ideario de Unidad y en todas las actuaciones y pronunciamientos públicos de los más destacados conductores polistas la verdadera alternativa para derrotar las desastrosas políticas santistas. Con idéntico criterio se avanza en la confección de las listas polistas para la Cámara de Representantes que seguramente recogerán lo mejor del liderazgo social y político en todos los departamentos. El panorama político es, pues, muy prometedor para el partido de la oposición, siempre y cuando su militancia y toda su dirigencia se aplique con rigor a lo que es necesario hacer: recoger el descontento social y político, construir y fortalecer los comités de base y los organismos polistas de dirección en todos los barrios, veredas, municipios, grandes ciudades y departamentos; educar a la población en torno a las verdaderas causas de la crisis nacional, desnudar la demagogia santista y crear la más amplia convergencia democrática para el cambio alrededor de la candidatura presidencial de Clara López Obregón y las listas del Polo al Senado de la República y la Cámara de Representantes, para el período 2014-2018.

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Ficción y realidad, tres años después

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 6 de Agosto de 2013

Al cumplirse tres años del mandato de Juan Manuel Santos, las encuestas muestran una contradicción aparentemente inexplicable. Por un lado, el Presidente hablando de indicadores “históricos”, de ser el “precursor” en iniciativas peculiares, sólo comparable, según él mismo, “con López Pumarejo” y, por el otro, más del 60% de los ciudadanos consideran que el país va por mal camino y “rajan” la gestión del Ejecutivo en casi todos los campos, en especial en salud, empleo, seguridad, agricultura e industria.

Algunos santistas lo califican como acto de incomprensión ciudadana; otros, sin embargo, creemos que la razón la tienen los encuestados en tanto su percepción -aun con el sesgo individual- expresa que las estadísticas positivas no concuerdan con su realidad. No están tan equivocados.

Por ejemplo, cuando se habla de la reducción de la pobreza, se “saca” de ella a quienes logran ingresos de más de 4 dólares diarios, o $190 mil mensuales. En las mediciones se cuentan como entradas los subsidios del programa “Más Familias en Acción” que repartió $1,2 billones a 2,08 millones de hogares y otras “ayudas” de diversas fuentes. ¿Esos colombianos ya no se sentirán pobres? Asimismo, se arrastra el índice de desigualdad y de indigencia, que incluye personas con ingresos menores a 2 dólares diarios.

Con relación al empleo, hay un hecho enrevesado. En junio de 2013, hubo 34 mil ocupados menos que hace un año, 207 mil desocupados menos y una tasa de desempleo del 9,2%. ¿Por qué esta “rareza”? Simplemente porque aparecen 766 mil (¡!) nuevos inactivos, que no están en el mercado laboral, que fueron al hogar o al estudio o ya no quieren buscar ocupación, lo cual reduce el número de desocupados respecto a la población en edad de trabajar  ¿Razón para mucho optimismo?

Y en cuanto a la economía, el ánimo debe ser pesimista. El 4,9% de crecimiento promedio del PIB, entre 2010 y 2012, se logró con el aporte de la minería en 10,6% y el del sector financiero en 5% y, a contramano, del insuficiente 1,6% del sector agropecuario y del 3% de la industria. Finalmente, el “milagro” de la inversión extranjera, que entre 2009 y 2012 sumó cerca de 58 mil millones de dólares; en igual periodo, reporta remesas de utilidades por rentas de 52 mil. “El dinero va a donde puede salir”.

Para concluir, recordemos que Colombia -en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano (IDH)-  cayó en los últimos tres años del puesto 79 al 91, va más lento que otros. Las cifras oficiales son para la galería y las realidades para las mayorías. No es difícil saber dónde está la ficción.

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El fondo y las prestaciones sociales del magisterio

Francisco Torres Montealegre

Secretario de Relaciones Internacionales de Fecode                            

Bogotá, agosto 5 de 2013

pachotorresm@gmail.com

Cel. 3107785972

Sin fondos, sin poder garantizar las mesadas pensionales con sus recursos, debiendo cesantías a miles de maestros, bajo la presión de otras tantas miles de demandas por la mora en pagar dichas prestaciones, con demandas de veinticinco mil docentes por no haberles liquidado todos las factores salariales para la pensión, colapsada la prestación de los servicios de salud, en suma, en una crisis terrible, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentra bajo la amenaza de desaparecer por obra de las decisiones del Gobierno de Santos que, para colmo de males, espera darle el golpe final con dos reformas que ya vienen cocinando, los proyectos de ley ordinaria de salud y de pensiones.

Creado por la ley 91 de 1989 el Fondo es un patrimonio de los maestros colombianos que, no obstante que no se le diera en aquellos tiempos cinco años de vida, lleva más de dos décadas de existencia garantizando el régimen especial de salud y pensional del magisterio, además de las cesantías. Pero el Fondo está sin fondos, sus reservas técnicas o portafolio que en 2008 ascendían a ochocientos mil millones de pesos se han visto reducidas a su mínima expresión, apenas quince mil millones de pesos. La razón, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales no han pagado lo que le deben. El último cálculo actuarial arrojó una deuda de 88 billones con el Fondo, la Nación con  56 billones y las entidades territoriales con 32 billones. Como la Nación se ha visto obligada a girar año tras año para las pensiones la deuda se reduce en una medida que un estudio actuarial que adelanta el Ministerio de Hacienda debe revelar en el mes de septiembre. Ese es el problema fundamental que afecta al fondo. Santos, en lugar de transferir lo que por ley le corresponde al Fondo del magisterio ha buscado soluciones “ingeniosas” como desviar más de seiscientos mil millones de pesos de la atención de la salud al pago de las pensiones, llegando al extremo que los maestros pensionados están pagando parte de sus propias mesadas. Con ello, por supuesto, no ha resuelto el problema pero sí ha llevado el servicio de salud a la debacle en que se encuentra, con lo que de un problema ha creado dos.

Otra consecuencia, no menor, es la negligencia, para usar un término benigno, en los pagos que debe hacer por concepto de cesantías y pensiones. El Gobierno, pese a que grita a voz en cuello que defiende el erario público, espera a que se amontonen las demandas cuyos fallos pueden arruinar por completo al Fondo. Quizás es lo que espera para justificar su desaparición.

La ley estatutaria de salud, monumental engaño contra el pueblo colombiano que deja intacta y refina lo peor de la ley 100, deja abierto el camino para que en la ley ordinaria se le dé el golpe final al régimen especial de salud. Y ante un gobierno tan malicioso hay que preguntarse si la tragedia del servicio de salud de los maestros y sus familias ha sido profundizada, además, con la segunda intención de que a la hora de la aprobación de la ley ordinaria los maestros no defiendan su régimen de salud.

El proyecto de reforma pensional que presentara el ministro Pardo de Trabajo a la comisión de concertación laboral y que comentamos en anterior artículo, destruiría de un tajo nuestros derechos pensionales, reduciéndonos a pensiones equivalentes a un salario mínimo. El Fondo desaparecería o se  convertiría en una sombra de sí mismo.

Los maestros colombianos que acabamos de realizar exitosa y masivamente la movilización del primero de agosto como preparación para el paro nacional levantamos como primera bandera de nuestra lucha la defensa del régimen especial de salud, cuya cierta y real existencia sólo es posible en el marco del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Jorge Robledo asegura que TLC con UE viola la constitución

Agosto 1 de 2013 - 6:56 pm

Jorge Robledo del Polo Democrático 

Foto: Archivo Portafolio.co

Robledo aseguró que el Gobierno infringió la Constitución al permitir la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE), porque la iniciativa no fue sometida antes a una revisión de constitucionalidad.

"En Colombia los tratados solo pueden entrar en vigencia cuando tienen revisión de constitucionalidad y el gobierno no lo hizo", señala un comunicado de la oficina de prensa del congresista.

Robledo advirtió que "este TLC además de ser ilegal provocará daños enormes a la agricultura y a la industria nacional ya que esa potencia destina en subsidios agrícolas más de 70 mil millones de euros al año, mientras que en Colombia el agro se encuentra rezagado", dijo.

"Es mejor ser vaca en la UE que campesino colombiano, porque recibe más plata del Estado una vaca en la UE que un campesino en Colombia", añadió.

Robledo manifestó que este acuerdo comercial será tan dañino como el de Estados Unidos y que la Comunidad Europea buscará desaguar su crisis económica en Colombia con la venia de un gobierno que actúa al servicio de las trasnacionales extranjeras y en detrimento del interés nacional.

"Con los TLC ganan unos criollos que separaron su suerte personal de la suerte de la nación.

A ellos les va bien cuando a Colombia le va mal", enfatizó.

El Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea entró en vigor este jueves, luego de una ardua negociación que comenzó en 2007 y que consolidará las relaciones con el que ha sido hasta ahora su segundo socio comercial.

EFE

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