El país sigue inmerso en un clima
de inconformidad y movilización social
contra las políticas neoliberales del gobierno del Presidente Santos,
aún recordamos las grandiosas acciones de los campesinos del Catatumbo y
Boyacá, los pequeños mineros, los transportadores, los policías y militares de
la reserva activa, los trabajadores de la multinacional minera Drumonnd, los
cafeteros y los estudiantes de la MANE que exigen Reforma a la Educación
Superior. Hoy son los trabajadores de la salud, los médicos y los estudiantes
de medicina, quienes se toman las calles de las capitales para exigir el retiro
del Proyecto de Ley de Reforma a la Salud que actualmente cursa en el Congreso
de la República y que definitivamente enterrará el derecho fundamental a la
salud, convirtiéndola en fuente de negocio, plusvalía, clientelismo y
politiquería. Esta es la radiografía de un país que sigue siendo excluyente,
violento, acaparador, donde los gobiernos legislan no en favor de las mayorías
pobres, sino de los poderosos, del capital financiero, de las transnacionales y
en contra de las mayorías nacionales.
El PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO
del pasado 10 de septiembre, su contundencia y unidad, propiciaron un ACUERDO,
que en un balance desapasionado y objetivo, recoge los 3 puntos que lo
motivaron; pero que además con el ACTA firmada, se reconoció en los 11 aspectos
logrados, la justeza y las expectativas del movimiento.
Reconocemos que la mayoría de los
puntos acordados se vienen cumpliendo en los tiempos señalados, a pesar de las dificultades
presentadas en uno de los aspectos sensibles para el magisterio, como es el de
la salud, los docentes se vieron obligados a realizar paros seccionales, en
Guajira, Sucre y San Andrés Islas. Responsabilizamos a algunos prestadores de
no cumplir los contratos y a la Fiduprevisora de no ejercer los controles
correspondientes.
En el pago de deudas y en
cumplimiento de los acuerdos, los dineros han sido girados en los tiempos
pactados y en los casos de Guajira y Magdalena, los dineros están consignados
en las cuentas de esos departamentos, sin que se pague por caprichos dudosos de
los mandatarios regionales quienes exigen requisitos innecesarios,
constituyéndose en abuso de autoridad en contra de los docentes y sus familias,
por lo que llamamos a los organismos de control investigar la conducta de estos
funcionarios. De la misma manera
exigimos al Gobierno Nacional y en particular al Ministerio de Educación
Nacional, atender y buscar una salida a la situación presentada con los
salarios descontados a los docentes de Armenia-Quindío que participaron en el
conflicto laboral del 10 de septiembre de 2013.
De igual forma, debe el gobierno
definir una posición frente al Estatuto Único Docente y en tal sentido,
posibilitar el desarrollo y conclusión rápida del trabajo de la Comisión
Tripartita. En este contexto, el magisterio sustenta y defiende someterse a una
evaluación diagnóstica-formativa, que contribuya con una educación con calidad
y el rechazo a la evaluación de competencias por el carácter punitivo y
sancionatorio, este tipo de evaluación sólo busca cercenar el legítimo derecho
a ascensos y cambios de niveles salariales; es decir, su única preocupación es
el factor presupuestal y obstaculizar la movilidad social y la cualificación
del magisterio, afectando la dignidad laboral de los trabajadores de la
educación.
Llamamos la atención de la
ciudadanía en torno a la propuesta gubernamental de la implementación y puesta
en marcha del grado 12; al respecto, FECODE manifiesta que esta salida es
“buscar la fiebre en las sábanas” por cuanto un grado más no va a resolver los
problemas de deserción escolar; por el contrario, desmotivará a los
estudiantes, pues su meta la ve más lejana, pero así sea “gratuito”, incrementará las cargas sociales y económicas
de las familias. Así mismo, no soluciona las dificultades de aprendizaje de la
población estudiantil, para ello es necesario fortalecer todo el sistema
educativo colombiano; FECODE defiende como alternativa el Preescolar de 3
grados hasta una Educación Media fundamentada en un proyecto educacional de
profundas raíces pedagógicas, políticas y científicas. Para solucionar los
problemas de calidad hay que involucrar otras medidas como el incremento de la
inversión en educación y una reorganización de la cobertura, revisión de los
parámetros técnicos de las relaciones y proporciones del tiempo y el espacio
escolar, las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve la vida escolar
y la dignificación de la profesión docente, entre otras.
A la fecha, el Gobierno Nacional
avanza desigualmente en el cumplimiento de los acuerdos firmados, como es el
caso del pago del monto de los recursos por concepto de deudas en el mes de
septiembre ($153.629.194.841 para pagos de ascensos, zonas de difícil acceso y
homologaciones -Santa Marta, Ciénaga, Guajira, Magdalena y Cauca) y en octubre
($ 43.841.763.679, para pagos de prima extralegal en Cali, ascensos y zonas de
difícil acceso en Córdoba y Cesar); la instalación de las Comisiones de Trabajo
para consensuar las propuestas del protocolo y los incentivos para los
compañeros del 1278/02; la Mesa de Trabajo Técnico para definir los
procedimientos, medicamentos y enfermedades de alto costo y lo que corresponde
a la revisión del valor de la UPCM; las reuniones periódicas de la Comisión
Tripartita que busca consensuar el Estatuto Único Docente; finalmente y de
manera oficial se cuantificó y aprobó el cálculo actuarial del pasivo
prestacional, en la suma de 88.3 billones de pesos; en otro espacio del
cumplimiento de los acuerdos se pusieron en marcha los planes de choque, para
lograr la prestación del servicio médico asistencial como lo estipula el Pliego
de Condiciones.
Señor Presidente Juan Manuel
Santos, Usted es el garante ante el país del cumplimiento de los acuerdos
firmados en la Casa de Nariño y, aún hoy, no tenemos respuesta alguna frente a
lo planteado en la carta radicada el pasado 4 de octubre, donde rechazamos el
descuento a los educadores de Armenia y las amenazas de descuentos en otras
entes territoriales; tampoco la
solicitud del cambio de fiducia o la administración de la misma, por cuanto
persisten algunas dificultades en la prestación del servicio de salud y
negligencia administrativa de la Fiduprevisora en el reconocimiento y pago de
nuestras prestaciones económicas.
Llamamos al magisterio a
mantenernos en ESTADO DE ALERTA, en tanto se acerca la finalización del año
escolar y debemos estar atentos y vigilantes, al cumplimiento de los ACUERDOS
PACTADOS, pero también a los pagos correspondientes a este período.
COMITÉ EJECUTIVO
LUIS GRUBERT
IBARRA RAFAEL CUELLO
RAMIREZ
PRESIDENTE SECRETARIO
GENERAL
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