Por: Álvaro
Morales Sánchez
El pasado 11 de septiembre, al finalizar
el segundo día del Paro Nacional del magisterio colombiano, la Junta Nacional
de FECODE decidió por amplia mayoría ratificar el acuerdo al que la Comisión
Negociadora había llegado en la noche anterior con el Gobierno Nacional. Para
entender el contenido del acuerdo y las razones que tienen los dirigentes de la
Federación para calificarlo como positivo y darle su aprobación, es necesario
recordar cuáles fueron los objetivos del paro que la misma Junta Nacional
aprobó en sesión del 23 de agosto: por la solución de la grave situación de
atención en salud, por el cumplimiento de los acuerdos de mayo y por el pago de
las deudas. Tres objetivos muy concretos que se satisfacen en lo fundamental
con lo pactado en la noche del 10 de septiembre. Veamos:
Sobre
la grave situación de la atención en salud
Dentro de los temas acordados en este
punto lo más destacado es: agilización del proceso de auditoría sobre los
contratos en las cinco regiones; endurecimiento del régimen de sanciones a los
contratistas que incumplan sus obligaciones contractuales; puesta en
funcionamiento de los comités regionales del Fondo, con participación de
delegados del magisterio, para que ejerzan sus funciones, especialmente la de
vigilancia del cumplimiento en los contratos de salud; elaboración concertada
de un decreto-ley que reglamente en forma permanente el régimen excepcional de
salud de los docentes; pago de las
deudas que el Fondo tiene con los prestadores del servicio.
Sobre
el cumplimiento de los acuerdos de mayo
En lo relativo a la prima de servicios
hay acuerdo sobre una mesa de trabajo que examine la compatibilidad de esta
prima con otras establecidas por las entidades territoriales, sobre el
cumplimiento de lo pactado en relación con el trabajo conjunto de la Agencia de
Defensa Jurídica de la Nación y Fecode para buscar solución favorable a los
procesos judiciales que demandan el pago retroactivo de esta prima. No hay
acuerdo sobre la redacción del decreto en lo relativo a si la prima “se
reconoce” o “se establece”, pero se sigue discutiendo el tema. No hay acuerdo
sobre el reconocimiento de esta prima como factor salarial para la liquidación
de las pensiones de docentes, por lo cual seguirá este punto en conflicto.
En cuanto al decreto de docentes
amenazados se acuerda una serie de instrumentos para difundir y masificar su
aplicación. Sobre el derecho al ascenso de los docentes del 1278 que disfrutan
de permiso sindical, se acuerda revisión de los ajustes hechos por el MEN al
protocolo enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil para reglamentar la
evaluación de estos docentes y se realizará una reunión conjunta del MEN,
Fecode y la CNSC para definir este tema.
Sobre
el pago de las deudas
En lo relativo al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio el gobierno aprobará el cálculo actuarial
del pasivo pensional en el presente mes de septiembre y pedirá a las entidades
territoriales que giren los recursos del FONPET a FONPREMAG para pagar lo que
les corresponda de esta deuda; se pedirá una partida adicional en el
presupuesto 2014 para garantizar el pago de pensiones. El gobierno no se
compromete con una cifra ni con una metodología o un plan de pagos para
responder por la parte del pasivo pensional que le corresponde, por lo que éste
seguirá siendo un punto de conflicto. Sobre los pagos de cesantías parciales y
definitivas la Fiduprevisora se compromete a tramitar en 20 días hábiles las
6.000 solicitudes que tiene pendientes y a partir de octubre digitalizará todos
los procesos de solicitud de cesantías para que los docentes les hagan
seguimiento en tiempo real; Se requerirá a los entes territoriales para que
tramiten en los términos de ley más de 33.000 solicitudes de cesantías que
tienen represadas. Sobre la reliquidación con todos los factores salariales de
las pensiones otorgadas entre 2003 y 2007 durante la vigencia del decreto 3752
que fue declarado inexequible (esta deuda suma 486 mil millones), el gobierno
se comprometió a transferir a FONPREMAG 150 mil millones en 2013, y
presupuestar una suma igual en 2014 y el saldo de 186 mil millones en 2015,
pero para que el Fondo realice estos pagos se pedirá a la Corte Constitucional
que escuche al MEN y Fecode en audiencia antes de fallar una tutela sobre este
asunto.
Para las deudas de la Nación con los
docentes por diversos conceptos que ya están certificadas en un monto de 320
mil millones se adopta un plan de pagos que inicia en septiembre de 2013 y
concluye en marzo de 2014. Para las deudas no certificadas, cuyo monto se
estima en 530 mil millones, entre el MEN, Minhacienda, secretarías de educación
y Fecode se hará proceso de seguimiento a la certificación entre octubre de
2013 y julio de 2014, para elaborar acuerdos de pago al mes siguiente del
cumplimiento de requisitos si el monto es igual o inferior a 10 mil millones o
en 60 días si superan este monto.
Acuerdos
adicionales
Por fuera de los objetivos del paro que
acordó la Junta Nacional, Fecode pactó con el gobierno tres asuntos: 1. Establecer,
a partir de 2014, incentivos salariales para los docentes del 1278
escalafonados en grado 2 y que ostenten títulos de maestría o doctorado y por
razones de tiempo de servicio, por falta de convocatoria a evaluación de
competencias para ascenso o por no haber superado esta prueba no hayan ascendido
al grado 3 del escalafón. 2. Fijar criterios logísticos, nuevo cronograma y
horario fijo para las reuniones de la Comisión Tripartita que discute la
expedición del Estatuto Docente Único. 3. Revisar el contrato de fiducia
mercantil con la Fiduciaria La Previsora para verificar el cumplimiento de la
ley 91 de 1989.
Los
paros no son un objetivo en sí mismos
Este paro no estaba planteado para
alcanzar el objetivo estratégico del Estatuto Docente Único, ni para echar
abajo el proceso de privatización de la educación pública que inició César
Gaviria y han profundizado los últimos tres presidentes, ni para derribar la
reforma constitucional que le ha quitado más de 30 billones de pesos a la
educación en once años y ha sido la base de la profunda contrarreforma
educativa, ni para rescatar los aspectos revolucionarios de la ley 115 como la
autonomía escolar, el gobierno escolar, las juntas de educación, los
principios, objetivos y fines de la educación, las áreas obligatorias, y todo
lo positivo de esta norma que ha sufrido el embate de los últimos gobiernos. Y
no fue planteado así porque no creamos en que estos objetivos son necesarios y
forman parte de las banderas de lucha del magisterio. Son objetivos
estratégicos que el pueblo colombiano deberá conquistar, al lado de sus
maestros, en una lucha de mayor profundidad contra el oprobioso modelo
neoliberal impuesto por la minoría plutocrática y proimperialista que nos
gobierna. Se plantearon unos objetivos de corto plazo, que se podían alcanzar
si el gobierno hacía esfuerzos fiscales y tomaba unas decisiones de carácter
administrativo. El paro fue, ni más ni menos, para pedirle al gobierno cumplir
sus propias normas, no fue ni siquiera para modificarlas. De querer ir más allá
y alcanzar otros objetivos de mayor envergadura, se hubieran planteado otras
cosas en la Junta Nacional del 23 de agosto.
Las
lecciones de otros paros
Si examinamos con detenimiento lo
conseguido con los combativos paros del sector agrario, el de los mineros, el
de los camioneros, en fin, todos ellos se han venido levantando con medidas
transitorias: salvaguardas temporales, prórrogas en los plazos de importación
de productos extranjeros, subsidios temporales, promesas de estudios para
modificar los fletes, promesas de estudios para variar las tarifas de los
combustibles, inicio de un proceso de formalización de la minería informal
etc.; estos acuerdos y los demás con los que se levantaron los paros son
importantes porque dan algún alivio temporal a los males estructurales que
sufren estos sectores de la producción. Pero las políticas gubernamentales que
afectan al conjunto de la economía nacional siguen ahí. Una prueba de ello es
el famoso “Pacto Agrario” al que convocó el gobierno y no consiguió la
participación de los campesinos, porque era, como dicen en el campo “la misma
perra con distinta guasca”, es decir, más de lo mismo, con distinto ropaje. El
objetivo estratégico de la renegociación o la cesación de los TLC seguirá
siendo una bandera de mayor alcance que logrará coronarse con luchas de mayor
profundidad. La conquista de una modificación radical de las políticas del
régimen a favor de la gran minería transnacional y de las multinacionales de
los transportes por una verdadera política pública encaminada a proteger los
intereses de los empresarios nacionales sigue siendo un objetivo de gran calado
que se resolverá con un levantamiento más generalizado de la población
colombiana en procura de la defensa de los intereses nacionales. Se ha
avanzado, es cierto, se han logrado cosas que el gobierno no había querido
reconocer, pero en lo que más se ha logrado avanzar es en unidad, en
organización, en movilización, en comprensión política de la verdadera realidad
nacional. Hoy podemos decir que los campesinos colombianos, los mineros, los
transportadores, tienen mejores elementos de análisis y una visión de más largo
alcance para las próximas luchas.
Los
objetivos de largo plazo requieren una lucha larga, organizada y paciente
Como sucedió con los acuerdos de mayo,
en esta oportunidad también se levantaron voces de inconformidad con lo pactado
entre Fecode y el gobierno. En mi modesto sentir, es comprensible que los
maestros más jóvenes, los que soportan unas condiciones profesionales y
laborales oprobiosas por estar atados al horroroso régimen establecido en el
Decreto 1278 de 2002, sean presa fácil de la angustia y algunos corran a
matricularse en el bando de quienes tienen como oficio atacar a la organización
sindical y dejen tranquilo al causante de todos los males, al gobierno y sus
políticas contrarias al gremio. Cuando se leen en las redes sociales los
comentarios de algunos de estos docentes se nota gran desconocimiento del
pleito en el que estuvimos embarcados en esta ocasión. Claman contra la
“entrega del estatuto docente único”, contra “la traición de no haber
conseguido echar abajo la evaluación”, contra “el total abandono de los
docentes del 1278” y cosas por el estilo. Volvamos a insistir: no eran
objetivos de este paro ni el Estatuto Docente Único ni la evaluación de los
docentes. Pero además: los docentes del 1278 están cobijados por todo lo que
tiene que ver con las deudas salariales y prestacionales del gobierno, con el
tema de los pésimos servicios de salud, con el cumplimiento de los acuerdos de
mayo, es decir, con todos los objetivos y con lo que alrededor de ellos se
acordó, amén de unos puntos adicionales que están exclusivamente relacionados
con ellos.
Para las luchas que se vienen, para la
conquista de los objetivos de gran magnitud que nos falta por alcanzar, como el
Estatuto Docente, la reconquista de la autonomía escolar, la reversión de la
reforma a las transferencias, la derrota de la privatización etc. se requiere
de la más estrecha unidad, del trabajo paciente a través de varios años. Es
menester recordar cómo fue la conquista del estatuto Docente 2277 de 1979 (que
en esos días cumple 34 años de promulgado), con muchos paros indefinidos, con
destituciones, con cárcel, amenazas, persecuciones, destierros. Es decir no fue
cosa de un parito de dos días. Fue una larga lucha que se coronó victoriosa
luego de más de una década de persistencia, de movilización, de paciencia, de
no renunciar a las banderas, de no errar en el blanco pensando que los
culpables de los males son algunos o todos los dirigentes, exculpando al
gobierno, autor intelectual y material de toda esta política nefasta.
Frente al acuerdo del 10 de septiembre
la mejor actitud, además de estudiarlo a fondo, entenderlo y explicarlo en el
marco de los objetivos planteados, es prepararse para impedir la faltoneada que
el gobierno suele hacer a los movimientos sociales, y salir, de ser necesario,
a una nueva pelea para exigir que se
cumpla lo pactado.
Santa
Marta, septiembre 13 de 2013

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