El
incendio producido en unas bodegas cercanas al puerto de la ciudad de Santa
Marta, que generó la monumental marejada de humo causante de graves afecciones
de salud a los habitantes de varios barrios samarios, prendió las alarmas sobre
el tratamiento clandestino que la multinacional Drummond le ha venido dando al
transporte y almacenamiento de miles de toneladas de nitrato de amonio, sin
cumplir mínimos requisitos de seguridad que exige el manejo de este compuesto
químico, una sal formada por iones de nitrato y de amonio, que se convierte en
un potencial explosivo cuando se encuentra almacenada en grandes cantidades y
expuesta a altas temperaturas o a choques severos (el nitrato de amonio es la
base para la fabricación del explosivo ANFO, con el que fue destruido el
edificio del DAS en diciembre de 1989, en la demencial ola de terror dirigida
por Pablo Escobar).
Sobre
este tema escribió el periodista y abogado ambientalista Alejandro Arias en su
blog el 3 de julio: “De acuerdo a la legislación vigente el Nitrato de Amonio está
clasificado como una sustancia peligrosa cuyo transporte se reglamenta conforme
a la norma Icontec NTC 1692, las contempladas en el Decreto 1609 de 2002 del
Ministerio de Transporte y las Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte
por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos del
Ministerio de Ambiente”. En este artículo Arias
describió en detalle cómo y cuándo se efectúan por parte de la multinacional
gringa las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación del
delicado material “sin que se dé cumplimiento a las exigencias técnicas vigentes de
seguridad para el transporte de material peligroso exponiendo no solo el medio
ambiente sino la vida de los pobladores a lo largo de los 226 kilómetros de
recorrido de dichos trenes.”
El transporte
del nitrato de amonio lo hace la multinacional carbonera a través de la
ferroviaria Fenoco, la misma que transporta el carbón desde las minas hasta los
puertos de embarque, y de la cual es accionista mayoritaria la propia Drummond.
Eso explica, según Arias, la permisividad de la ferroviaria con la carbonera en
el transporte de esta sustancia definida como peligrosa, sin contar con el
obligatorio salvoconducto de las fuerzas militares para el transporte de explosivos,
ni tener los recursos físicos ni logísticos, ni el personal con el
entrenamiento adecuado para el manejo de sustancias químicas peligrosas. Las
pesquisas de Arias establecieron que, pese a no contar con el salvoconducto de
las fuerzas militares, el transporte del peligroso material desde las bodegas
de Fenoco en Santa Marta hasta el puerto de la Drummond en Ciénaga es escoltado
por soldados colombianos.
Y los reportes radiales sobre el reciente incendio en Santa Marta lograron
establecer que los celadores y empleados de la bodega donde se produjo la
conflagración que fueron entrevistados por los medios de comunicación,
aparentemente no tenían idea del tipo de material que allí se almacenaba, y
creían que se trataba de toneladas de maíz.
Lo sucedido el pasado fin de semana en
Santa Marta, denota que las denuncias extremadamente graves que hizo Alejandro
Arias con un mes de antelación, prolongación y desarrollo de una alerta que
sobre este tema había hecho la periodista Claudia Morales en el programa radial
La Luciérnaga en su emisión del 26 de junio, al parecer no merecieron la menor
atención de las autoridades nacionales, ni departamentales ni distritales. Por
el contrario, surgieron retaliaciones de la Drummond que retiró la pauta
publicitaria contratada con las emisoras Radio Magdalena y Radio Rodadero, con
las que Arias tiene vinculaciones periodísticas.
Lo que ha venido sucediendo con la
Drummond es una muestra fehaciente del grado de arrodillamiento del gobierno
colombiano frente a los poderes extranjeros, muy especialmente cuando se trata
de grandes corporaciones norteamericanas –recordemos que el presidente Santos
se declaró abiertamente “pronorteamericano” en una entrevista que le hizo Yamid
Amat”-, y la forma como maneja la economía nacional, que tiene a la “locomotora
minera” como emblema, con todo lo que ello implica en cuanto a entrega de la
soberanía, de los recursos naturales, del trabajo nacional y en cuanto a la
escasa o nula defensa del medio ambiente y hasta de la propia seguridad, la
salud y la vida de los colombianos, que a diario se ponen en riesgo como en
este deplorable caso del incendio de bodegas de nitrato de amonio de la
Drummond en Santa Marta. Tampoco se puede olvidar el desastroso episodio,
protagonizado por la misma empresa, del volcamiento, en la bahía de Ciénaga, de
una barcaza repleta de carbón que causó grave daño ambiental, o la permanente
denuncia del daño que ocasiona el esparcimiento de polvillo de carbón y las
lesiones auditivas que produce estrépito del paso continuo de los trenes
carboneros en las poblaciones y áreas rurales ubicadas a lo largo de los 226
kilómetros que tiene su recorrido.
Coletilla:
el
medio millón de habitantes que tiene Santa Marta, sumado a un indeterminado
número de turistas que sube o baja de acuerdo con la temporada, estamos
literalmente asentados encima de un polvorín, por obra y gracia de la
todopoderosa Drummond. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Álvaro
Francisco Morales Sánchez
Santa Marta, julio 30 de 2013
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