Por: AURELIO SUÁREZ |
El
Tiempo, 13 de julio de 2013
El
malestar agrario no es un 'aprovechamiento de la tolerancia y el diálogo'. El
problema se gestó hace rato.
Columnistas
como Gabriel Silva atribuyen la inconformidad de considerables sectores del
agro a razones ajenas a la economía rural, como el “peligroso oportunismo” de
“organizaciones patronales rurales”, a “agitadores de cuello blanco”, y hasta
“terroristas”. Él, como otros, no repara en el incumplimiento oficial con los
acuerdos firmados hace meses, reacciona por instinto. Para informarlos, vale un
recuento de las violaciones a la palabra empeñada (Vea aquí los acuerdos). El acuerdo
cafetero del 8 de marzo del 2013 dice: “El Gobierno Nacional se compromete a
crear el mecanismo que garantice el pago total del PIC –Protección del Ingreso
al Caficultor– en el momento de la venta del café”; y, agregaba que, “diseñará
en el término de dos meses un nuevo sistema de pagos con su debida transición”.
Después de transcurrido el doble del tiempo, los resultados contrarían lo
firmado. En Antioquia, de 92.000 caficultores, apenas 42.000 han recibido
subsidio; en Nariño de 37.000, solo el 25 por ciento; en Huila, de 80.000, casi
55.000; en Caldas, de 35.000, no llegan a 23.000 y, en el Cauca, de 95.000, no
alcanza al 40 por ciento.
Con
relación a los alivios crediticios y la normalización de cartera, la propia
propaganda oficial avisa que 9.000 préstamos se han rediseñado de 220.000
potenciales. Esto porque se fuerza a refinanciaciones, con intereses sobre
intereses, pretermitiendo la reprogramación convenida con tasa diferencial. Ni
la mesa “que discuta reducción de precios de agroinsumos”, ni la de los
impactos de los títulos mineros sobre territorio del café, ni otra “sobre
importaciones”, se han convocado y, entre tanto, se suscriben acuerdos como
Alianza Pacífico, con competidores directos como Perú y México.
Arroceros
y cacaoteros les ha ido peor. A los primeros, de un precio ofrecido de $110.000
por carga (cosecha Llanos) se les paga, imponiendo una tabla de castigo,
$97.000 y, los segundos reciben $3.500/kilo, al no ejecutarse las subvenciones
del orden nacional y regional, que, como en Santander, deberían tener el precio
en $4.700. En ambos casos, otras mesas acordadas, relativas a procesos de valor
agregado e importaciones, tampoco se han reunido. Respecto al crédito, el
mensaje para el arroz es “vendan y paguen deudas” y, en cuanto al asociativo,
muy común en el cacao, ya corren procesos jurídicos. A los paperos, también
damnificados, no les han entregado ni un peso de los $40.000 millones
prometidos.
De
otra parte, nuevos sectores se manifiestan. Los lecheros ven dramáticas caídas
del precio por litro al límite de $500, ante el diluvio de derivados lácteos,
leche en polvo y lactosuero, acercándose su desaparición cuando aterricen los
productos de Europa y Nueva Zelanda. Los paneleros, a quienes no se les honran
compromisos contraídos desde el 2009, son el yunque del martillazo de más
300.000 toneladas de azúcar importadas al año. En la misma fila, desesperados,
están hortifruticultores y maiceros.
Este
balance, radiografía de un gobierno incumplidor, desmiente que el malestar
agrario sea “aprovechamiento de la tolerancia y el diálogo”, diálogo
desvirtuado ante tanto “faltoneo”. El problema se gestó hace rato, desde cuando
se soltó la rienda al potro desenfrenado del libre comercio o cuando se
envejecieron los cafetales por falta de programas de renovación, o cuando se
recetaba como elixir, “comprar Starbucks”. ¡Antes no estamos peor!

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